Sociedad
Primera víctima de torturas del franquismo ante la Fiscalía: “Es un gran día para la memoria”
Blanca Serra denunció torturas en la comisaría de la Via Laietana de Barcelona, en 1977, cuando fue detenida por la policía franquista.
Blanca Serra, la primera víctima de torturas de la policía franquista que declara ante la Fiscalía, se ha mostrado esperanzada en que esta investigación sirva para «abrir archivos» policiales que permitan reconstruir el pasado y para que la juventud sepa qué sucedió: «Hoy es un gran día para la memoria».
Serra ha comparecido este lunes ante la fiscal delegada de Memoria Democrática de Barcelona, Sara Expósito, a raíz de la denuncia que presentó ante el Ministerio Público para pedir que se investiguen las torturas que sufrió en 1977 en la comisaría de la Via Laietana de Barcelona, cuando fue detenida por la policía franquista.
La Fiscalía abrió diligencias a raíz de la denuncia presentada por Blanca Serra, en su primera investigación para indagar las torturas perpetradas durante el franquismo en base a la ley de Memoria Democrática de 2022, que insta a llevar a cabo procesos que permitan satisfacer «el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición».
La investigación deriva de la denuncia que Serra (Barcelona, 1943) presentó por los tratos vejatorios y torturas sufridos durante sus detenciones entre 1977 y 1982 en la comisaría de la Via Laietana de Barcelona junto a su hermana Eva, ya fallecida y con la que compartía militancia en la izquierda independentista catalana.
«Hay que seguir hablando de lo que pasó»
El Ministerio público anunció que abría por primera vez diligencias penales para indagar las torturas sufridas por Blanca Serra –ceñidas a lo sucedido en 1977, antes de la Constitución– después de que la justicia haya rechazado reiteradamente investigar los crímenes contra la humanidad del franquismo, escudándose en que la ley de amnistía lo impide.
Blanca Serra ha acudido a la Fiscalía de Barcelona arropada por decenas de compañeros de militancia, así como por los líderes de la asociación proderechos humanos Iridia y Òmnium Cultural, que la representan con sus servicios jurídicos, además de la ANC y el Consell per la República.
Ha comparecido cerca de dos horas ante la fiscal, a la que ha hecho un repaso «exhaustivo» de las torturas que sufrió en sus cuatro detenciones, entre 1977 y 1982, en una declaración que confiesa que le ha dejado una sensación extraña: «Siempre he estado en el lado de los acusados y esta vez era la acusadora. Me va a costar digerirlo«.
La activista se ha mostrado esperanzada en que el proceso abierto por la Fiscalía permita «abrir los archivos» para acceder a los expedientes judiciales y policiales que permitan identificar a sus torturadores, una documentación que hasta ahora la istración le ha denegado amparándose en la ley de protección de datos y de patrimonio histórico.
Para la activista, que ha accedido a la Ciudad de la Justicia apoyada en un caminador por sus problemas de movilidad, hoy supone «un gran día para la memoria y para recuperar el pasado», así como para «visibilizar» la violencia infligida por el franquismo a sus disidentes políticos, en especial «la persecución por género».
«He hecho esta denuncia en mi nombre y el de mi hermana, ya fallecida, y de toda la gente que ha pasado por Laietana 43», ha proclamado Serra.
La activista entiende imprescindible «seguir hablando de lo que pasó», especialmente para que la juventud conozca la violencia del régimen franquista: «Vivimos el 50 aniversario de la muerte del dictador y hay muchas cosas que no han cambiado».
«Crímenes de lesa humanidad que no prescriben»
Serra espera que, si el caso no tiene «continuidad judicial», sirva al menos para «cambiar» el proyecto de reconvertir la comisaría de Via Laietana de Barcelona en un espacio de memoria que mantenga el uso policial actual. «Es intolerable que torturadores y torturados compartamos el mismo espacio», sostiene.
Por su parte, Anaïs Franquesa, directora de Iridia, ha lamentado que el proceso abierto con la denuncia de Blanca Serra «llega muy tarde», por lo que muchas víctimas han muerto sin tener oportunidad de declarar, y ha advertido de que «queda mucho trabajo por hacer».
Para la directora de Iridia, las torturas de la dictadura «se tienen que investigar, juzgar y condenar, si queremos vivir en una democracia plena», sin que se puedan archivar por prescripción, dado que fue una violencia «sistemática de un régimen dictatorial contra sus opositores políticos».
Judicatura. Joaquín Urías: “La mayor campaña de desprestigio de la judicatura la están haciendo los propios jueces”
Cada vez hay menos jueces progresistas pero es que con el ambiente que hay dentro de la Magistratura en general, en España hoy por hoy para ser juez y progresista tienes que ser casi un héroe, porque te arriesgas a quedarte fuera de tu grupo social a no poder juntarte con casi nadie dentro de la carrera. Tienes que ser una persona muy fuerte a nivel personal. Tienes que ser alguien que antes de ser juez ya tenga un compromiso social fuerte.
La gente que entra en la judicatura, personas más o menos progresistas pero no militantes, es muy difícil que se mantengan abiertas porque el sistema te obliga cada vez más a derechizarte.
A partir de 2017 a esos mismos jueces que ya están acostumbrados a que su manera de pensar se manifieste en sus sentencias se les permite hacer eso en política.
Yo creo que España está rozando un problema grave sobre todo desde lo que pasó en Nvbre/Dcbre del año pasado cuando los jueces se manifestaron en la calle, vestidos de jueces contra la amnistía.
Tengo la impresión de que al Parlamento no le habían dado más opción que la única forma de pasar página era con una ley de Amnistía que creo que no ha quedado más remedio que aprobar.
Hay otras cosas que me preocupan más que el lawfare. Me preocupa que no se persigan los abusos policiales.
A la derecha le va bien porque cuando un juez se escora se escora para la derecha.
A la izquierda le va mal; pero no se atreve a cambiarlo.
Por lo tanto, estamos condenados….
(Pablo Elorduy – El Salto)
La istración de justicia no se mueve sola, se mueve cuando la presión social, política y mediática hace que su inmovilidad sea más costosa que su acción.
Por eso mismo, cada denuncia, cada recurso, cada protesta importa. No porque vaya a cambiar el fallo del Supremo, sino porque desgasta su legitimidad, expone su parcialidad y demuestra que, efectivamente, la ley no es igual para todos.
EL TRIBUNAL SUPREMO, BASTIÓN DE JUAN CARLOS I: EL PODER JUDICIAL Y LA IMPUNIDAD DEL MONARCA. (por Cristóbal García Vera, Canarias Semanal)
¿Es posible investigar a un monarca en un Estado diseñado para blindarlo?
Cinco millones de euros defraudados. Una regularización fiscal bajo sospecha. Y un Tribunal Supremo que insulta a los querellantes, saliendo en defensa del monarca. La decisión de no investigar a Juan Carlos I ha dejado al descubierto mucho más que una disputa legal: ha evidenciado la función real de la justicia cuando se enfrenta al poder. Este artículo desentraña los intereses que operan en la cúpula judicial y por qué la ley no es igual para todos y sobre todo, el carácter profundamente clasista del aparato judicial en España.
El derecho penal en los regímenes capitalistas actúa con una lógica selectiva: castiga severamente a quien transgrede desde abajo (pequeños delitos, desobediencia civil, protestas sociales), mientras ofrece todo tipo de salvaguardas a quienes lo hacen desde arriba.
Un grupo de juristas, entre quienes destacan José Antonio Martín Pallín —magistrado emérito del Tribunal Supremo— y los abogados de la Asociación Atenas, presentaron una querella por considerar que esta regularización fiscal del rey emérito fue una «simulación fraudulenta». Según estos juristas, la maniobra no debería tener efecto exculpatorio porque la ley establece que solo cabe la regularización si el defraudador no ha sido previamente notificado, mientras que en este caso la propia fiscalía informó a Juan Carlos I de la existencia de diligencias abiertas. Para los querellantes, de esta forma la Fiscalía, lejos de actuar con independencia, habría colaborado en una estrategia para evitar el enjuiciamiento del exjefe del Estado.
Los magistrados del Tribunal Supremo, con Manuel Marchena a la cabeza, desestimaron esta querella, afirmando que los hechos estaban prescritos, no eran constitutivos de delito o ya habían sido objeto de una regularización conforme a derecho. Tan polémico como el contenido de este auto de los magistrados del Supremo ha sido su tono. Los jueces se dedicaron a desacreditar a los querellantes, dedicando más de diez páginas a refutar sus argumentos sin permitir siquiera la incorporación de las pruebas solicitadas. El Tribunal Supremo no solo miró para otro lado: cerró la puerta con sarcasmo y desdén hacia los querellantes, ridiculizando incluso sus argumentos jurídicos. La sentencia del Supremo rezuma desprecio hacia quienes se atrevieron a denunciar al ex jefe del Estado. En lugar de ceñirse a los hechos, la Sala actúa como tertuliana televisiva: editorializa, insulta y convierte el derecho en burla. Este comportamiento no es anecdótico, sino estructural.
La actuación de los magistrados del Supremo no se puede considerar una mera anomalía jurídica o un error de interpretación. Se trata, por el contrario, de la manifestación de una estructura institucional levantada precisamente para evitar que el poder sea juzgado. Y eso incluye al rey, símbolo y arquitecto del régimen del 78 surgido de la Transición. En última instancia, lo que se está protegiendo no es a una persona, sino a una institución que sostiene un sistema de dominación.
Por eso, la lucha contra la impunidad del emérito no es solo jurídica, es también una lucha política. Y lo es, en el sentido más amplio, porque permite cuestionar los fundamentos de un Estado que nació con pacto de silencio sobre los crímenes del franquismo, que se cimentó sobre una monarquía designada por Franco y que aún hoy sigue blindando a sus herederos.
El Estado —incluyendo sus instituciones jurídicas— no es un árbitro neutral entre ciudadanos, sino un instrumento de las clases hegemónicas para garantizar el orden social existente. Una suerte de «comité ejecutivo» de esas clases.
El derecho forma parte de la superestructura del Estado y refleja generalmente los intereses de la clase social que predomina en la sociedad. Por ello, la «justicia» que imparten los jueces cuando se enfrentan a casos que afectan directamente a los pilares del sistema —ya sean monarcas, grandes empresarios o altos cargos— se traduce en una forma de gestionar la estabilidad del régimen.
La actitud del Supremo es también un síntoma de la correlación de fuerzas internas en la magistratura. Lejos de ser un cuerpo homogéneo, el poder judicial está dividido en corrientes: sectores ultraconservadores como los del entorno de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), alineados con valores reaccionarios; grupos más «progresistas», cada vez más arrinconados; y un grueso de magistrados “tecnócratas”, que ante la duda siempre optan por lo que menos inestabilidad genere al sistema.
En este tablero, el sector conservador domina las alturas: controla el Consejo General del Poder Judicial y las salas clave del Supremo. Por eso mismo, investigar al rey no solo es impensable para muchos jueces, sino que es visto como una amenaza al equilibrio general del Régimen….