El Gobierno aprueba el decreto para la reubicación de menores migrantes

El Gobierno de España aprobó hoy dos medidas que parecían una respuesta al polémico discurso pronunciado ayer por el presidente valenciano, Carlos Mazón, en el que asumía las tesis racistas y negacionistas del cambio climático de Vox. Por un lado, la creación de un registro para la huella de carbono, la compensación y los proyectos de absorción de CO₂. Por el otro, el decreto de modificación de la ley de extranjería para articular un mecanismo permanente de reubicación de los menores migrantes no acompañados que llegan a zonas tensionadas como Canarias o Ceuta.

La ministra portavoz, Pilar Alegría, fue especialmente dura con la postura del Partido Popular, que no sólo no desautorizó a Mazón tras su desaforada alocución sino que, implícitamente, aceptó sus planteamientos. «Han pasado cinco meses desde la tragedia de la dana y en todo este tiempo no hemos escuchado ni una sola explicación, ni una sola disculpa por parte del presidente Mazón. Lejos de ello, vuelve de nuevo a abrazarse con los negacionistas del cambio climático que tanto ha tenido que ver con esta tragedia», explicaba Alegría. «Para firmar ese pacto de la vergüenza sólo hay que tener una cosa: muy poca vergüenza. Y mientras, el señor Feijóo aplaude este pacto y, además, pide al resto de Comunidades Autónomas que lo repliquen de principio a fin. Desde luego, el pueblo valenciano se merece mucho más que este espectáculo».

En cuanto a la reforma de la ley de extranjería (que el Gobierno ha pactado con Junts y sin contar con el PP), ésta se basa en una serie de parámetros que indicarán el número de menores no acompañados que deberá acoger cada Comunidad Autónoma. Estos baremos se refieren a la población, la renta per cápita, la tasa de paro o el esfuerzo realizado anteriormente para albergar a estos menores. Las comunidades tienen hasta el 31 de marzo para dar detalles sobre la situación actual de sus sistemas de acogida. El Gobierno destinará 100 millones de euros a la puesta en marcha de este decreto.

La reforma es muy parecida a la que el Congreso tumbó el pasado mes de julio e implica cambiar el artículo 35 de la ley orgánica de extranjería para que cualquier comunidad que triplique su capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes pueda beneficiarse de la solidaridad de otras regiones.

Sólo 24 horas antes, Carlos Mazón, abrazado a la ultraderecha para poder aprobar los presupuestos valencianos, dijo que no se iba a itir a ningún menor no acompañado en su comunidad. Y no es el único presidente autonómico que amenaza con declararse en rebeldía ante la medida. Por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ya ha anunciado que va a recurrir el decreto.

«Desde el punto de vista humanitario, ¿qué razones puede haber para negarse a acoger a menores no acompañados extranjeros?», se preguntaba el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. A su juicio, estos baremos para la acogida de los menores pondrán «negro sobre blanco» la verdadera capacidad de las comunidades para recibirlos y su «respuesta ante una población vulnerable».

«Quizás habría que pedirles a estos presidentes [rebeldes] que visiten los centros en los que están hacinados esos chicos y chicas. Igual cambiarían de opinión», dijo el ministro apelando a la buena voluntad de los partidos de derechas en España.

Torres exhibió una cifra muy contundente para evidenciar la necesidad de este reparto de esfuerzos entre las regiones: la ley aprobada se refiere a mover a los menores si su número triplica la capacidad de acogida de la Comunidad Autónoma. «La capacidad ordinaria de Canarias es de menos de 900 menores. Ahora mismo tiene casi 6.000», señaló.

A su juicio, la negativa del Partido Popular provoca un desequilibrio entre las Comunidades «que están más cerca del continente africano» y las demás. «Eso sí que es romper el país», apostilló.