Política
Los 16.000 millones para que las comunidades autónomas sufraguen gastos del coronavirus se repartirán por población e impacto de la enfermedad
En el caso de Euskadi y Navarra, con un sistema de impuestos propio, el reparto se decidirá en la comisión mixta.
Esta información ha sido publicada originalmente en Civio.
El BOE de hoy recoge un Decreto Ley que aprueba el fondo Covid-19 y establece cómo se repartirá entre comunidades autónomas. En total, suma transferencias de hasta 16 millones de euros y se repartirá en julio, septiembre y noviembre, según el tramo.
Hasta 9.000 de esos 16.000 millones de euros se repartirán centrados en la situación sanitaria, en dos tramos: el primero, de 6.000 millones, que llegará en julio, siempre que se convalide este Decreto Ley en el Congreso; y el segundo, de otros 3.000, en noviembre. Ceuta y Melilla se llevarán, cada una, 12 millones del primera tramo y seis del segundo.
Para establecer el resto del reparto, se tendrá en cuenta la población protegida (35% del baremo en el primer tramo y 45% en el segundo). El resto, hasta alcanzar el 100%, se calculará según el impacto de la enfermedad, con tres valores a tener en cuenta: pacientes UCI, pruebas PCR realizadas y hospitalizaciones. Para el cálculo del primer tramo estos datos se contarán a 30 de abril y, para el segundo, a 31 de octubre.
En septiembre se repartirá el tercer tramo, centrado en el gasto educativo. Será de 2.000 millones. Ceuta y Melilla se llevarán siete cada una. El resto se repartirá teniendo en cuenta la población de 0 a 16 años a 1 de enero de 2019 (80% del baremo) y la de 17 a 24 (el otro 20%).
El último, que llegará en diciembre, tiene dos objetivos: por un lado, paliar los ingresos no recaudados por las comunidades autónomas en impuestos como el de transmisiones patrimoniales, medios de transporte o el juego. Este primer bloque, de 4.200 millones, se distribuirá teniendo en cuenta los impuestos medios cobrados en 2017, 2018 y 2019 (60% del cálculo) y la población ajustada, que tiene en cuenta criterios como la superficie, la dispersión o la insularidad, entre otros (el otro 40%).
El segundo objetivo es tapar el agujero que ha dejado la falta de viajeros en el transporte público. Dotado con 800 millones, casi la mitad, 392 millones, irá a parar al Consorcio Regional de Transportes de Madrid y la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, según los ingresos por tarifa de 2018. 32 también irán directos a Canarias. El resto irá para el resto de comunidades autónomas, teniendo en cuenta la pérdida en autobuses, trenes y otros medios de transporte públicos.
En el caso de Euskadi y Navarra, con un sistema de impuestos propio, el reparto se decidirá en la comisión mixta. Para los dos tramos sanitarios y el de educación, las reglas serán las mismas. Para el cuarto, el que cubre la disminución de ingresos, el Decreto Ley no ha establecido reglas, así que si hay transferencia será lo que se decida en esa comisión.
Además, el Decreto Ley permite que las comunidades autónomas utilicen el superávit de años anteriores para el pago de deuda y las necesidades de financiación derivadas de la crisis sanitaria y permite que se usen servicios digitales y videoconferencias para la relación con los obligados tributarios.