El argumentario de Mas sobre el cobro de comisiones no convence a la oposición

BARCELONA // Los registros policiales en la sede de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y en su fundación, CatDem (antes llamada Ramon Trias Fargas), ya fue investigada en el caso Palau como vía de financiación ilegal del partido, ha situado la corrupción en el centro de la precampaña catalana. La comparecencia de Artur Mas en la diputación permanente del Parlament -el órgano sustituto del pleno de la Cámara entre periodos de sesiones- del pasado miércoles la ha acabado de afincar en la primera línea de combate electoral.

Nada plácida ha resultado la comparecencia para el president, quien, inicialmente, la convocó a petición propia, con la intención de dar explicaciones sobre el adelanto de las elecciones. Pero, tras la intervención policial en la sede de CDC y en su fundación el pasado viernes, la oposición al completo -incluyendo sus exsocios de la coalición, Unió Democràtica de Catalunya- forzó la ampliación del orden del día y el caso 3% ha dejado en segundo plano los motivos del 27-S.

El presunto cobro de comisiones de la constructora Teyco, a cambio de la adjudicación de obra pública en municipios con ayuntamientos gobernados por CDC, ha centrado la sesión parlamentaria. En su intervención, Mas ha atribuido la actuación policial y de la fiscalía a una táctica del Estado para debilitar al frente independentista conformado por CDC, ERC y la sociedad civil, agrupados en la heterogénea candidatura Junts pel Sí.

«A estas alturas de la película, yo ya no creo en según qué casualidades», ha dicho Mas, en referencia a la fecha en que se realizaron los registros, coincidiendo con el día en que la candidatura que puede revalidarlo como president celebraba su primer gran acto. Además, ha augurado que «de aquí al 27 de septiembre se verán nuevos montajes» por parte de los poderes del Estado para «perseguir políticamente».

«Hacía falta que hubiera espectáculo», ha insistido Mas en su intervención ante la Cámara, en referencia al aviso previo que recibieron algunos medios de comunicación para asistir a los registros policiales, y ha condenado la filtración de documentos bajo secreto de sumario. «Es una actuación delictiva que quedará impune», ha denunciado.

Tanto Mas como su compañero de filas Jordi Turull han defendido que las aportaciones de la constructora Teyco a la fundación del partido han sido voluntarias y legales, por afinidad ideológica, y siempre inferiores al 3% con que se cifran las presuntas comisiones cobradas a cambio de la concesión de obra pública.

En esta dirección, Mas ha alegado que las obras adjudicadas a Teyco en los ayuntamientos convergentes que están siendo investigados (Sant Celoni, Sant Cugat, Lloret, Torredembarra y Figueres) se otorgaron en el marco del Plan E de Zapatero, en el que «no había margen de decisión en el concurso de la obra pública». «El mejor precio se llevaba la obra», sin otro criterio, según ha defendido.

Por su parte, la constructora Teyco, propiedad de la familia Sumarroca, también ha negado a través de un comunicado la acusación de financiar ilícitamente a CDC a cambio de adjudicación de obra pública.

El apoyo de Unió Democràtica a las peticiones de ICV-EUiA, PSC, PP y Ciutadans -la CUP no tiene representación en la diputación permanente- para solicitar explicaciones a Mas sobre el caso 3% ha sido determinante para ampliar los tiempos de intervención de los partidos previstos en la comparecencia de este miércoles. En un inicio, CDC había negado un tiempo extra para las preguntas sobre esta investigación, pero la posición de su expareja política ha forzado a CDC a dar cabida específica al interrogatorio sobre los recientes registros, ordenados por el juzgado número 1 de El Vendrell, instructor de la causa de presunta corrupción en Torredembarra.

Las negativas de Mas no han convencido a nadie

Los partidos de la oposición han cuestionado la argumentación del president y la atribución de los registros policiales a un intento del Estado de mermar al independentismo.

Joan Herrera, portavoz del grupo de ICV-EUiA, ha acusado a Mas de «clara connivencia» ante casos como el de Jordi Pujol o el de Daniel Osàcar, extesorero del partido imputado en el caso Palau. Asimismo, ha remarcado los numerosos casos de corrupción en los que aparece vinculada CDC. «Demasiadas casualidades para que todos los casos de corrupción afecten a Convergència y demasiadas casualidades para que usted nunca sepa nada», ha respondido Herrera a la teoría de persecución política del Estado contra CDC.

También Ciutadans ha remarcado los seis procesos judiciales por casos de corrupción en los que CDC está implicada. «No estamos ante el caso Torredembarra, no estamos ante el caso 3%, ni ante el caso Pretoria, estamos ante el caso Convergencia», ha acusado Albert Rivera.

Por su parte, Miquel Iceta, primer secretario del PSC, ha retado a Mas a «asumir responsabilidades políticas» si investigaciones judiciales como la del caso Palau o la del caso Torredembarra concluyen que ha existido financiación ilegal en su partido.

El PP ha rechazado las acusaciones de Mas contra el Ministerio del Interior, al que atribuye la filtración interesada de los registros policiales. «¿Sabe de qué son fruto las investigaciones? de una denuncia de un regidor de ERC, que no tiene nada que ver del Ministerio del Interior», ha recriminado Santi Rodríguez.

Sólo la actual compañera de viaje electoral de CDC, ERC, ha compartido la lectura de la operación del pasado viernes como una actuación políticamente oportunista por parte del Gobierno español. «Abramos puertas y ventanas, que vengan los señores del Estado, que miren y registren», ha lanzado la republicana Marta Rovira. «Somos los primeros que queremos acabar con los casos de corrupción en nuestro país», ha sentenciado.