La Guardia Civil señala a una filial de Abengoa en una adjudicación irregular del caso Marismas

SEVILLA // La Guardia Civil asume en un informe remitido al juez que altos cargos de la Junta de Andalucía presionaron a la comunidad de regantes de las Marismas del Guadalquivir, en Sevilla, para que adjudicaran las obras de modernización del sistema de riego a la empresa Befesa, filial de Abengoa, pese a no ser la oferta más ventajosa en términos de calidad-precio.

La investigación se enmarca en el caso Marismas, que investiga presuntos delitos de corrupción cometidos durante el proceso de modernización de las instalaciones agrícolas en esta zona del río Guadalquivir, un área de casi 13.000 hectáreas en los términos municipales de Dos Hermanas, Utrera, Las Cabezas de San Juan y Los Palacios y Villafranca. De momento, el fiscal ha imputado a más de 20 personas, entre ellos dos ex directores generales de Regadíos; dos ex jefes del departamento de Infraestructuras Agrarias y el ex presidente de la Comunidad de Regantes. Se les acusa de delitos de malversación, prevaricación y falsedad en documento oficial.

La Guardia Civil pide ahora la imputación de dos altos cargos de Abengoa. En concreto, señala a Juan Bautista Peña López-Pazo, que fue gerente de la UTE Befesa-Alpi y autor del proyecto constructivo, y a Guillermo Bravo Mancheño, consejero delegado. Al primero le señala como presunto autor de delitos de alteración de precios en concursos y subastas públicas, corrupción entre particulares, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. A Bravo Mancheño, por su parte, le señalan como presunto responsable de tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales.

La obra adjudicada a los regantes tenía un coste inicial de 66 millones de euros, subvencionado en un 60% por la Junta de Andalucía. El 40% de este dinero (24,06 millones) provenía de la UE a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). A raíz del inicio de las pesquisas, Europa se ha implicado en la causa a través de su Oficina Antifraude, que el pasado año corroboró la existencia de irregularidades en el proceso de adjudicación y ejecución de las obras.

Los agentes han escuchado las conversaciones mantenidas durante reuniones de los actuales responsables de la Comunidad de Regantes con directivos de Befesa y de la UTE adjudicataria de las obras. En su informe, los investigadores concluyen que las grabaciones “no sólo corroboran” las irregularidades detectadas en el proceso de adjudicación, “sino que añaden nuevos elementos que dan consistencia” a las imputaciones solicitadas por el presunto delito de prevaricación

“¿Qué le habían prometido a Befesa?”

Los agentes enumeran una serie de indicios de manipulación en la tramitación de un proyecto complementario que se añadió al proyecto inicial, con el que se pretendía finalizar las obras debido al continuo aumento de sobrecostes. Este trámite contaba “con todos los beneplácitos de los ingenieros” de la Junta de Andalucía. “¿Qué le habían prometido a Befesa?”, se preguntan los investigadores.

La Guardia Civil manifiesta que en las grabaciones varios responsables de la Comunidad de Regantes reconocen las presiones de la Junta de Andalucía para que firmaran “los proyectos constructivos y complementarios”. Algo a lo que los regantes se habían negado en principio.

En opinión de los investigadores, lo ocurrido con el proyecto complementario “es de una gravedad extrema” y dice mucho de cómo actuaban los controles de la Consejería y su Delegación Provincial “en sus labores de inspección y control” sobre el buen uso de los fondos públicos, ya que permitieron “que se lleve a cabo, dando los pasos previos para esa nueva subvención”.

Jorge Liranzo Campos, ex gerente de la Comunidad de Regantes, declaró ante la Guardia Civil que el complementario lo negociaba Befesa con la Junta “para obtener beneficios económicos”. “En ningún momento nadie planeó de ninguna manera que ese complementario no fuera para Befesa”, coincidió el delegado de Befesa en Andalucía.

El propio consejero delegado de Abengoa, Guillermo Bravo, reconoce en una de las grabaciones “la irregularidad de la licitación” y deja claro que “sabían que se les daría la adjudicación con la condición de hacer partícipe del negocio a Manuel Romero Maestre (Meci Works) y Emilio García Navarro (Tegner)”.

Estas dos empresas, vinculadas a la propia comunidad de regantes, habían participado en la primera adjudicación, quedando descartadas por falta de capacidad técnica.  De hecho, según un informe realizado por Ayesa que forma parte del sumario como prueba pericial, Meci y Tegner son las dos principales causantes de los defectos y problemas en las obras efectuadas.